AMIA traza una “línea roja” ante las exigencias de Estados Unidos en el T-MEC

México recibió julio en medio de un escenario convulso para las negociaciones del T-MEC. La negativa de Washington a extender por ahora el tratado durante otros 16 años abrió la puerta a revisiones anuales y encendió nuevas alertas sobre la certidumbre comercial y el futuro de la integración productiva entre México, Estados Unidos y Canadá.

En este contexto se encuentra la industria automotriz mexicana, uno de los pilares de la economía y uno de los sectores más expuestos a cualquier cambio en aranceles, reglas de origen o condiciones de acceso al mercado estadounidense, y las cifras del sector ayudan a entender por qué.

Con cifras correspondientes al cierre de 2025, México registró aproximadamente 185,800 millones de dólares en exportaciones de productos automotrices, de acuerdo con datos de comercio exterior del Banco de México.

Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes reportó exportaciones de componentes por 103,508 millones de dólares. En paralelo, el informe Análisis Sectorial: Industria Automotriz, publicado por Monex el 23 de enero de 2026, dimensiona la capacidad productiva del sector: durante 2025, México fabricó 3.95 millones de vehículos ligeros y exportó 3.39 millones.

Estas cifras muestran la dimensión de lo que está en juego. La incertidumbre alrededor del T-MEC no afecta únicamente a las armadoras, sino a una red de proveedores, empleos, inversiones y cadenas logísticas que dependen de la estabilidad comercial de toda Norteamérica.

En este contexto la industria automotriz mexicana ya trazó una línea frente a la presión de Estados Unidos para elevar el contenido nacional de los vehículos producidos en Norteamérica.

Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA , calificó como una “línea roja” la propuesta de exigir que cerca de 50% del contenido de los vehículos ensamblados en México o Canadá provenga específicamente de Estados Unidos. La AMIA sostiene que esa condición rompería la lógica regional del T-MEC. Hoy, el tratado exige 75% de contenido norteamericano, sin importar si se genera en México, Estados Unidos o Canadá.

Garza advirtió que no deberían endurecerse las reglas de origen mientras sigan vigentes los aranceles automotrices de la Sección 232, una herramienta que permite a Estados Unidos imponer gravámenes por motivos de seguridad nacional.

En entrevista con El País, el presidente ejecutivo de la AMIA, señaló que la asociación no tiene información sobre nuevos traslados de plantas, además del caso Toyota. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre ya obliga a las armadoras a revisar dónde mantener o ampliar su producción. Garza explicó que México enfrenta actualmente un arancel efectivo cercano a 19% para la mayoría de las automotrices, frente al 15% aplicado a Japón, Europa y Corea. Por ello, la prioridad del sector es eliminar o reducir los aranceles de la Sección 232 para conservar la competitividad de la producción mexicana. Por ahora, la AMIA no reporta nuevos movimientos, además del caso Toyota.

Esto ocurre en un contexto en el que la empresa japonesa H-One anunció una inversión de 100 millones de dólares para construir una nueva planta de componentes automotrices en Seguin, Texas, cerca del complejo de Toyota en San Antonio.

La Tacoma podría ser un caso aislado. O podría ser la primera señal de una reconfiguración de la industria automotriz tal como México la conocemos y del surgimiento de un nuevo mapa automotriz norteaméricano.

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